LA SALUD PÚBLICA EN JUJUY AGONIZA A PROPÓSITO PARA BENEFICIAR NEGOCIOS PRIVADOS.
Lo que sucede hoy en la salud pública jujeña no es producto del abandono, ni de la crisis económica, ni de la herencia. Es, directamente, un saqueo. Una operación sistemática de desfinanciamiento deliberado, ejecutada desde las más altas esferas del poder provincial, con el objetivo de destruir lo público y montar, sobre sus ruinas, un negocio privado. Y en el centro de esa operación, un nombre: Gustavo Bohuid, Ministro de Salud de Jujuy, funcionario de día y empresario de la salud de noche.
La historia es brutal: mientras los hospitales caen a pedazos, faltan médicos, no hay insumos y la gente se muere esperando un turno, Bohuid maneja a la salud pública como si fuera su propio boliche. Redirecciona fondos, firma convenios con clínicas privadas en las que tiene intereses, terceriza servicios a empresas vinculadas, y convierte el sistema sanitario en una maquinaria de facturación con recursos del Estado. Lo hace a plena luz del día. Y nadie, ni el gobernador, ni la justicia, ni los medios alineados, dice una sola palabra.
La salud pública, arrasada a propósito
El deterioro no es un accidente. Es el plan. El vaciamiento de hospitales, la precarización del personal de salud, la falta de medicamentos, la caída del sistema de atención primaria: todo esto se ejecuta con premeditación. ¿Por qué? Porque mientras más se hunde la salud pública, más rentable se vuelve el sistema privado.
Hoy en Jujuy, una mujer con cáncer debe viajar 300 kilómetros para conseguir quimioterapia. Una urgencia en el interior puede terminar en tragedia por falta de ambulancias. Los hospitales reciben partidas mínimas, mientras las clínicas privadas multiplican sus ingresos gracias a convenios millonarios firmados desde el Ministerio.
Bohuid: juez y parte, ministro y empresario
Bohuid no solo permite esta situación. Se beneficia de ella. Documentos oficiales, investigaciones gremiales y testimonios de exfuncionarios señalan que el Ministro mantiene vínculos directos con centros médicos privados que crecieron exponencialmente en los últimos años gracias a fondos públicos. Clínicas que reciben derivaciones sistemáticas, estudios tercerizados, y subsidios encubiertos.
El escándalo es mayúsculo: se han detectado contrataciones directas a empresas del rubro salud sin licitación, la paralización de equipos públicos de alta complejidad (como resonadores o tomógrafos) mientras se pagan cifras obscenas por derivar pacientes a privados, y hasta la compra de insumos a firmas fantasmas.
Médicos perseguidos, pacientes abandonados
El que denuncia, paga el precio. Gremios como APUAP han sido criminalizados por exigir condiciones dignas. Profesionales de la salud han sido sumariados por hablar con la prensa. Médicos del interior que decidieron no callar fueron desplazados o directamente renunciaron.
Mientras tanto, las víctimas son miles. Gente común, sin obra social, que depende del sistema público y que hoy no encuentra respuesta. Gente que se muere por enfermedades evitables. Gente que es tratada como basura.
¿Quién protege a Bohuid?
La impunidad no es casual. Bohuid no actúa solo. Está blindado políticamente por una estructura que se beneficia de su accionar: parte del gabinete, sectores del Poder Judicial, y un bloque legislativo que no permite interpelaciones. Todo está armado para sostener el negocio.
Los grandes medios locales, aceitados con pauta oficial, miran para otro lado. Los informes críticos son silenciados. Las investigaciones se archivan. La corrupción está institucionalizada.
Un modelo de negocios con vidas humanas
Lo que pasa en Jujuy no es una mala gestión. Es un modelo. Un modelo que convierte la salud en un bien de lujo. Un sistema que solo atiende al que puede pagar. Y un grupo de funcionarios que se enriquece mientras el pueblo sufre.
El caso Bohuid es apenas la cara visible de una trama más profunda. Pero es la prueba más clara de que la salud pública no está muriendo por abandono. Está siendo asesinada.
Y los responsables tienen nombre, cargo y rostro.
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