11 DE MAYO. MOTIVOS PARA UNA GRAN REFLEXION

EDITORIAL: UNA ELECCIÓN MANIPULADA, UNA DEMOCRACIA EN JAQUE

Lo ocurrido en San Pedro de Jujuy en los días previos y durante las últimas elecciones merece una reflexión profunda y, sobre todo, una denuncia clara. Porque lo que se vivió no fue una competencia democrática, sino un proceso electoral viciado, diseñado y ejecutado por el oficialismo con prácticas que atentan contra cualquier estándar mínimo de transparencia y equidad. Se trató de un escenario complejo y preocupante, donde las prácticas clientelares, el uso de recursos públicos con fines proselitistas y la percepción de un sistema político capturado por intereses particulares erosionan la legitimidad de los procesos electorales.

Recuerden que los medios y la opinión pública anticipaban una derrota del oficialismo por un evidente hartazgo que se palpa en la sociedad (incluso los medios nacionales auguraban con proyecciones de perder hasta 12 bancas), pero los resultados no reflejaron ese pronóstico, surgen preguntas clave: Efectividad de la maquinaria clientelar: La entrega de bolsones, promesas de tierras o empleos públicos en vísperas de elecciones es una táctica histórica en Argentina, especialmente en regiones con altos índices de pobreza. Estas acciones, aunque ilegales según la ley electoral (Art. 106 del Código Penal), son difíciles de probar judicialmente, pero generan un voto cautivo en sectores vulnerables.

Dos días antes de la votación, el municipio encabezado por Julio Bravo organizó un acto masivo, ilegal, con un fin netamente electoralista: la entrega de tierras a 385 familias. Con profusión de cámaras, fotos y discursos, se utilizó la necesidad habitacional —una deuda histórica del Estado— como herramienta de campaña. La urgencia de los ciudadanos fue manipulada para obtener rédito político. Esto, por sí solo, ya constituye una falta grave.

Pero no fue un hecho aislado. A tres días de la elección, se distribuyeron miles de bolsones de comida, en una práctica clientelar que expone crudamente cómo se explota la vulnerabilidad social a cambio de votos. Una vez más, el aparato estatal fue puesto al servicio de intereses partidarios.

El domingo electoral no escapó a esta lógica. El oficialismo alquiló la mayoría de los remises disponibles en la ciudad, no solo para el acarreo de votantes afines, sino también para obstaculizar que ciudadanos comunes pudieran trasladarse a sufragar libremente. Se trató de una estrategia sistemática para condicionar la participación electoral, distorsionar el proceso y limitar el derecho al voto.

A esto se suma una serie de irregularidades graves dentro de los propios centros de votación. Fiscales y “colaboradores” oficialistas fueron infiltrados en partidos como San Pedro Somos Todos, mientras que presidentes de mesa afines al gobierno dificultaron la tarea de los partidos opositores. En varias escuelas, se retiraron boletas opositoras de las mesas deliberadamente, y se promovió el uso de listas colectoras asociadas al oficialismo con el único fin de dispersar el voto crítico y confundir al electorado.

Todo esto configura un escenario profundamente preocupante. No estamos hablando de errores aislados, sino de una maquinaria electoral aceitada para garantizar la continuidad del poder por medios alejados del juego limpio. Un entramado de prácticas que, en conjunto, socavan la legitimidad del proceso y vulneran el principio de igualdad de condiciones entre las fuerzas políticas.

Desde el punto de vista de una sociedad democrática, lo sucedido es inadmisible. No se puede naturalizar que los recursos del Estado se usen para hacer campaña. No se puede tolerar que se manipule a la ciudadanía, que se condicione su voto, que se impida el trabajo de la oposición, que se distorsione la voluntad popular con trampas organizadas.

Lo que se jugaba en estas elecciones no era solo una concejalía más, sino el derecho de los sampedreños a votar en libertad y con garantías. Y ese derecho fue pisoteado.

Quienes tienen responsabilidad institucional deberían dar explicaciones. Y la ciudadanía, que es la verdadera dueña de la democracia, tiene el derecho —y el deber— de exigir que esto no vuelva a repetirse. Porque cuando las reglas del juego se rompen desde el poder, lo que peligra no es solo un resultado electoral: lo que está en riesgo es la credibilidad en el sistema, la confianza en las instituciones y la posibilidad misma de un futuro distinto.

San Pedro merece elecciones limpias. San Pedro merece respeto. Y lo que vimos este fin de semana fue exactamente lo contrario.

Porque lo que ocurrió en San Pedro no fue una elección: fue una operación. Un montaje diseñado para que nada cambie, para que el poder siga siendo de unos pocos a costa de todos. Y cuando la voluntad popular se distorsiona, cuando se compra el hambre, se retiran boletas, se obstaculiza el voto libre, ya no estamos frente a una democracia, sino ante una farsa sostenida por la impunidad.

El pueblo de San Pedro no merece esto. No merece ser usado, condicionado ni manipulado. Merece elegir con libertad, con dignidad y sin miedo. Y hasta que eso no ocurra, lo único que se elige en esta ciudad es quién administra la trampa.

Que nadie se llame a silencio. Porque callar frente al atropello también es una forma de complicidad.

1. "Es hora de que el pueblo deje de ser espectador y recupere el protagonismo. Porque cuando el poder traiciona la democracia, la respuesta debe venir desde abajo, con dignidad y sin miedo."

2. "La trampa no se combate con resignación. Se combate con memoria, con organización y con coraje. San Pedro no está condenado: está esperando que su gente se levante."

3. "Si no defendemos el voto, no estamos defendiendo un papel: estamos defendiendo nuestro futuro. Y ese futuro empieza cuando dejamos de tener miedo y empezamos a decir basta."

4. "Hoy más que nunca, hay que elegir entre la comodidad de la costumbre o la incomodidad de la verdad. Y si elegimos la verdad, ya no hay vuelta atrás."