Justicia y Corrupción en Argentina, España e Italia.

 Análisis Crítico Comparativo: Justicia y Corrupción en Argentina, España e Italia.

La corrupción es un flagelo global, pero su tratamiento varía significativamente según el contexto institucional y cultural de cada país.

Este análisis compara los casos de Argentina, España e Italia, destacando las dinámicas de impunidad, la respuesta judicial y la reacción social frente a la corrupción. Mientras España e Italia muestran avances hacia la rendición de cuentas, Argentina permanece atrapada en una red de impunidad estructural, agravada especialmente por el uso de fueros parlamentarios y una sociedad polarizada que a menudo justifica la corrupción.

Argentina, la impunidad blindada por fueros y complicidad social. El sistema judicial argentino es un reflejo de una impunidad institucionalizada, diseñada para proteger a la élite política. Según datos del Ministerio de Justicia, menos del 12% de las causas por corrupción llegan a juicio oral, y las condenas efectivas son excepcionales. Esta ineficacia no es accidental: los fueros parlamentarios actúan como un escudo legal que permite a senadores y diputados eludir la cárcel, incluso ante pruebas abrumadoras. Un caso emblemático es el del expresidente Menem, que a duras penas podía mantenerse de pie y era utilizado por el poder por su valioso voto como senador impune. O el de Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta condenada en 2022 por la causa Vialidad, con sentencia confirmada en junio de 2025. En 2017, el jefe de la bancada peronista, Miguel Ángel Pichetto, fue clave para evitar su desafuero, perpetuando su inmunidad. Otro ejemplo es José López, exfuncionario kirchnerista, quien, a pesar de ser sorprendido con bolsos llenos de dólares, evitó consecuencias inmediatas gracias a maniobras judiciales, o Mauricio Macri, acusado en casos como Correo Argentino, también ha sorteado la prisión mediante dilaciones procesales.

La reacción social agrava esta patología. En lugar de exigir justicia, sectores significativos de la población defienden a sus líderes corruptos, alegando "lawfare" o persecución política. Esta polarización convierte la corrupción en una cuestión de lealtad partidaria, no de ética pública, perpetuando un sistema donde la impunidad es la norma.

En España la Justicia efectiva contrasta con el silencio ciudadano. Ese Pais ofrece un contraste notable. Según el Consejo General del Poder Judicial, en el primer trimestre de 2025, 50 personas físicas y 2 jurídicas fueron enviadas a juicio por corrupción, con un 75% de sentencias condenatorias. Casos como Gürtel, Púnica, 3% y ERE demuestran la capacidad del sistema judicial español para sancionar a políticos y empresarios de alto perfil. Un caso paradigmático es el de Iñaki Urdangarín, exduque de Palma y cuñado del rey Felipe VI. Condenado en 2018 a cinco años y diez meses de prisión efectiva por malversación, fraude y tráfico de influencias en el caso Nóos, Urdangarín ingresó a la cárcel por delitos significativamente menores en magnitud económica que los atribuidos a figuras como CFK o Macri. Su condena, que involucró apenas 6 millones de euros, contrasta con los cientos de millones de dólares en juego en casos argentinos, donde los acusados rara vez enfrentan consecuencias reales. La ciudadanía española, lejos de protestar, aceptó la sentencia como un ejercicio de justicia, sin manifestaciones ni en contra ni en defensa de Urdangarín, lo que refleja una mayor madurez institucional. Sin embargo, En la actualidad hasta existe una investigación contra Begoña Gómez, esposa del actual Presidente Pedro Sánchez y altos cargos de su gobierno, incluído el propio Fiscal General del Estado, con posibilidad incluso de que una moción de censura pueda acabar con su Presidencia. Aun así, el sistema español demuestra una voluntad de castigar la corrupción que Argentina aún no ha logrado.

Italia presenta un modelo intermedio. La operación Mani Pulite de los años 90 marcó un hito en la lucha contra la corrupción, desmantelando redes de poder político-empresarial. Sin embargo, la corrupción sigue siendo endémica, especialmente en regiones del sur, donde esquemas de contratación pública fraudulenta persisten. En 2025, casos recientes han involucrado a alcaldes y empresarios, con una justicia más proactiva pero limitada por procesos largos y complejos. Al igual que en España, la ciudadanía italiana no organiza manifestaciones para defender a los condenados por corrupción, lo que refleja una aceptación tácita de la justicia, aunque imperfecta. Esta ausencia de protestas contrasta con Argentina, donde la defensa de líderes corruptos es una práctica habitual.

Existen causas profundas de esta patología argentina y son, entre otras, los fueros como blindaje. Los fueros parlamentarios, concebidos para proteger la función legislativa, se han convertido en un mecanismo de impunidad. Casos como el de CFK, López, Menem o Macri, entre otros, muestran cómo los políticos manipulan este privilegio para evitar la cárcel. Hay también una cultura clientelar que lo justifica todo. Los votantes priorizan la lealtad partidaria sobre la ética, justificando la corrupción con frases como "roban pero hacen". Parten de narrativas populistas de líderes como CFK y Macri que construyen relatos de persecución que anulan el pensamiento crítico, transformando la corrupción en un símbolo de lucha política.

Por otro lado, la Justicia cómplice. Las dilaciones, prescripciones y falta de independencia judicial perpetúan la impunidad. Buenas parte de la población piensa que el poder judicial es el más corrupto de los poderes en Argentina.

Soluciones? Abolir los fueros. Eliminar o limitar los fueros parlamentarios para garantizar que nadie esté por encima de la ley, o fortalecer la independencia judicial. Tambien se hace necesario profundizar en la transparencia y la rendición de cuentas, publicar contratos públicos y declaraciones juradas en tiempo real. También en la educación cívica: Promover desde la escuela el valor de la ética pública y las consecuencias de la corrupción.

Otro aspecto importante es la presión ciudadana. Inspirarse en España e Italia, donde la ausencia de manifestaciones en defensa de corruptos refleja una mayor conciencia cívica.

Conclusión: Argentina permanece atrapada en un ciclo de impunidad, protegida por fueros y justificada por narrativas populistas. La condena de Urdangarín por delitos menores en comparación con los casos argentinos demuestra que la justicia puede funcionar cuando hay voluntad institucional y social. En Argentina, la polarización y la complicidad social perpetúan la corrupción como una identidad política, robando el futuro de.l país. La corrupción debe ser castigada, sin importar el sector político. Hasta que esta premisa no sea un consenso social, Argentina seguirá rezagada en la lucha por la transparencia y la justicia